Proyecto – Ciudad Judicial de Mendoza (2008)

Este es uno de los tantos proyectos anunciados por la administración provincial de Jaque (Los Andes 15 de febrero de 2008 y 16 de febrero de 2008; Diario Uno 16 de febrero de 2008) y que parecen haber sido arrastrados al freezer por la crisis.

Consiste en la agrupación de todas las dependencias dispersas del poder judicial en un mega-edificio o complejo de edificios, al estilo de las “ciudades judiciales” tan en boga en los últimos años. Como todo proyecto de centralización edilicia, implica un doble movimiento de centralización y de descentralización. Es decir, concentración de las dependencias judiciales (movimiento de centralización), pero en una zona alejada del centro de la ciudad (movimiento de descentralización). Incluiría además un mecanismo público-privado para la construcción de oficinas destinadas a los abogados que tramitarían ante los diversos fueros (en efecto, a los pocos días del anuncio se habló del interés deuna empresa privada en hacerse cargo de las obras: Diario Uno, 13 de mayo de 2008).

Aunque en un primer momento se especuló con su ubicación en el predio donde estuviera el Hospital Emilio Civit, contiguo al parque de la Ciencia Eureka (en parte por la preferencia de la Asociación de Magistrados -ver Diario Uno 16 de febrero de 2008-), se supo finalmente que el terreno elegido pertenecía al Ejército Argentino y se encontraba al oeste de la actual penitenciaría provincial.

Más adelante se hizo la compra en cuotas y el traspaso de ese terreno (Los Andes, 10 de mayo de 2008; Coordinación de prensa del gobierno de Mendoza, 17 de diciembre de 2008). En este link está escaneada la resolución del Ministerio de Defensa aprobando la venta, con un plano adjunto: click aquí.

Posteriormente se conoció que el presupuesto que pensaba destinarse a la obra alcanzaba la asombrosa cifra de 1.000 millones de pesos (Los Andes, 2 de enero de 2010). Esto permite especular con un proyecto de grandes dimensiones y/o gran calidad de diseño y edilicia.

El proyecto fue excluido del presupuesto. Una cosa permite augurarle algo de sobrevida: tiene el apoyo del poder judicial de la provincia. A diferencia del poder ejecutivo, que cambia cada 4 años, el poder judicial es más permanente y por lo tanto puede esperarse que se mantenga el interés por un proyecto semejante a mediano y largo plazo.

En la última semana el gobernador lo trajo nuevamente a colación, generándose a partir de esto un cruce de declaraciones entre los poderes ejecutivo y judicial. El gobernador invitó al presidente de la Suprema Corte a retomar los estudios del proyecto, éste se refirió a la ausencia de un presupuesto y desde el ejecutivo se le replicó que antes de fijar un presupuesto debe prepararse el proyecto (Diario Uno, 22 de junio de 2010). Estimo que se refieren a lo que en arquitectura se denomina el “programa de necesidades”, paso previo a cualquier proyecto. Es curioso sin embargo que desde el ejecutivo estén esperando que el poder judicial desarrolle el programa de necesidades, ya que para los presuspuestos de 2011, 2012 y posteriores se incluían partidas para la ciudad judicial: si no había proyecto, y mucho menos programa, ¿cómo llegaron a la cifra de 1.000 millones?

Si la iniciativa prospera sería auspicioso que una vez desarrollado el programa, la preparación del proyecto se abriera a concurso público de anteproyectos.

Foto del terreno adquirido para la Ciudad Judicial. Fuente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/218322

¿Qué significa la Ciudad Judicial para el Barrio Cívico?

La vacancia del edificio del Palacio de Justicia, en primer lugar. Este sería dedicado a la Legislatura de la Provincia (Diario Uno, 16 de agosto de 2008). Con lo cual el Centro Cívico seguiría alojando a dos de los tres poderes. Esto implica, en segundo lugar, que quedaría definitivamente trunca su original vocación a contener las sedes de los tres poderes del estado, de manera que estaría sentenciado a permanecer como un intento incompleto.

Me parece que este punto de la continuidad o no del proyecto de Centro Cívico está muy poco debatido y merece mayor atención. Nuevamente, creo que en Mendoza falta conciencia del Centro Cívico. ¿Se puede afirmar indisputadamente y sin matices que el Centro Cívico ha quedado superado por los nuevos modos de organización edilicia de los poderes públicos? ¿Hay manera de solucionar el problema de la insuficiencia de espacio para el poder judicial sin evacuar el palacio de justicia y la “zona de tribunales”? El Centro Cívico incompleto como está hoy implica además que quedan sin concreción algunos de sus roles urbanísticos, como la apertura hacia el oeste (av. Belgrano), ya que al estar incompleto bascula más hacia el este, donde hoy se concentran la mayoría de los edificios, desequilibradamente… La mudanza de tribunales y la no concreción de la legislatura al oeste del parque cívico, ¿significan que ese desbalance permanecerá?

Son todas preguntas que merecen atención y que por lo general no se hacen ni mucho menos se debaten o se contestan. Sin embargo, una editorial bastante crítica del diaro Los Andes, apenas salida la noticia, da cuenta de algunas de ellas (Los Andes, 20 de febrero de 2008). Hubo una oposición sin mayor elaboración por parte del Colegio de arquitectos (Los Andes, 10 de mayo de 2008), llamando la atención sobre la falta de planificación y sobre el destino inmobiliario de la zona de tribunales; el arq. Roberto Mario Romano planteó que el terreno propuesto debería anexarse al parque San Martín (Los Andes,  6 de junio de 2008) y el Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Jorge Manzitti, se pronunció en contra de la Ciudad Judicial y pidió que se invirtiera el dinero en el Centro Cívico, sobretodo para resolver los problemas que justamente se aducen para mudar el poder judicial a otro lado -a saber: la falta de estacionamiento y el tránsito vehicular- (Los Andes, 19 de octubre de 2009).

¿Qué significa para la ciudad de Mendoza?

En primer lugar, el universo de estudios jurídicos, contables, etc., cuyas oficinas han conformado con los años una zona judicial, quedarían sin su centro de gravedad, que pasaría al borde oeste de la sexta sección.

En segundo lugar, la Ciudad Judicial en la ubicación propuesta vendría a a sumarse al sector ubicado al oeste de la av. Boulogne Sur Mer y al norte de la av. del Libertador, cuyo carácter es eminetemente dedicado a lo que se denomina “equipamiento” (universidad, hospitales, vialidad, ejército, penitenciaría, etc). A ese uso se vendría a sumar el uso judicial, con su tráfico de detenidos, abogados y público.

Estas modificaciones traerían aparejados cambios en el sistema de transporte público, en el movimiento de las oficinas, en el desarrollo inmobiliario del entorno residencial (sexta sección), etc.

De nuevo, con respecto a estos puntos se hacen desear pronunciamientos de instituciones dedicadas a estos temas, como el Colegio de arquitectos o las facultades de arquitectura y urbanismo. Tal vez el carácter embrionario de la idea haga que no se la tome en serio y que por lo tanto no se considere necesario aun su debate. Pero el momento llegará.

¿Qué significa para el Poder Judicial?

La concentración de instalaciones dispersas en un entorno alejado del centro, en instalaciones modernas que a su vez permitirán la implementación de nuevos modos de gestión judicial, como ya se prepara en el moderno edificio de tribunales a inaugurarse para la Tercera Circunscripción Judicial en la ciudad de San Martín (seguimiento de ese proyecto en el foro skyscrapercity.com haciendo click aquí).

El futuro edificio de los Tribunales en San Martín

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Ante la falta de debate sobre los temas relativos a esta idea, vale la pena observar ciertas experiencias análogas.

La Pampa: el centro cívico trunco y la nueva Ciudad Judicial en el otro extremo de la ciudad.

Este año se inauguró el Centro Judicial de La Pampa en la capital, Santa Rosa.

La flamante Ciudad Judicial pampeana. Foto: http://www.rivacons.com.ar

La Pampa tiene un Centro Cívico que fue diseñado por Clorindo Testa asociado con los arquitectos Boris Dabinovic, Augusto Gaido y Francisco Rossi, ganadores del concurso nacional convocado al efecto en el año 1956, mientras todavía se construían en Mendoza la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia del Barrio Cívico (click aquí para ver un trabajo sobre el Centro Cívico pampeano). En el caso de La Pampa, el poder ejecutivo y el legislativo tienen sus edificios en el Centro Cívico, junto con el Supremo Tribunal provincial, pero no el resto de los tribunales.

El Centro Cívico pampeano en una foto de la década del 60. Fuente: http://www.lapampa.gov.ar/historia-del-centro-civico.html

Una segunda etapa del Centro Cívico, que incluía edificios judiciales y culturales, se concursó en la década del 80 pero no se construyó. Para concentrar las dependencias judiciales dispersas  se desarrolló la Ciudad Judicial en el otro extremo de Santa Rosa.

Una apreciable distancia entre la Nueva Ciudad Judicial y el tradicional Centro Cívico pampeanos. Click sobre la imagen para ampliarla.

Buenos Aires: renuncia a la Ciudad Judicial y “reconocimiento a la memoria ciudadana sobre la zona de tribunales.”

En Buenos Aires la historia es otra. A fines de la década del 90 hubo al menos dos intentos de construir una Ciudad Judicial en la Capital Federal. El primero en Puerto Madero y el segundo al sur de la ciudad, éste mediante concurso nacional de anteproyectos. Ambos fracasaron. También se consideró concentrar al poder judicial en edificios institucionales existentes en Retiro, para lo cual se evacuarían otras instituciones (este plan no se concretó pero hubo dos edificios y uno a medio hacer que sí pasaron a la órbita de la justicia penal).

Maqueta del anteproyecto ganador del concurso para la Ciudad Judicial en Buenos Aires, 1999. Fuente: http://www.arquitectura.com/arquitectura/latina/obras/estatal/judicial/garay/garay.asp

Finalmente en el año 2006 se presenta el Plan edilicio del poder judicial (ver), que consiste en la agrupación de la justicia penal en edificios existentes en Retiro y en la reordenación de los fueros no penales en los edificios existentes alrededor del Palacio de Tribunales poteño, donde se encuentra la “zona de tribunales” con estudios jurídicos y contables, librerías jurídicas, colegios profesionales, etc.  La “memoria ciudadana sobre la zona de Tribunales” (esto es, la ocupación de la zona por edificios judiciales y actividades conexas y su consiguiente caracterización e impresión en el uso social) queda entonces explícitamente reconocida por el plan (ver página 7), al revés de lo que ocurría con los proyectos de ciudad judicial, que la vaciaban.

De manera que en Buenos Aires la pregunta que formulaba más arriba (a saber: ¿Hay manera de solucionar el problema de la insuficiencia de espacio para el poder judicial sin evacuar el palacio de justicia y la “zona de tribunales”?) fue respondida de manera afirmativa, por medio de un interesante plan de racionalización edilicia, que fue posibilitado, eso sí, por una acción de desconcentración de uno de los fueros (el penal, que se llevó al barrio de Retiro). Es decir, se reordena pero gracias a que en alguna medida se avanza sobre otro espacio, lo que “da aire” para reordenar.

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Un posible “Plan edilicio” para la zona de tribunales de Mendoza.

Esta experiencia porteña demuestra que las situaciones de colapso no necesitan resolverse cortando el nudo, sino desatándolo pacientemente mediante el ejercicio de la razón y el ingenio arquitecónicos y urbanísticos. A mi modo de ver, la avenida San Martín al este del Centro Cívico está subutilizada y mantiene poca densidad. Es a lo largo de esa importante arteria donde puede concebirse un plan edilicio para el poder judicial mendocino, reconociendo de ese modo, como en Buenos Aires, la memoria ciudadana sobre la zona tribunalicia. Y con un agregado importantísimo en nuestro caso: que no se evacuaría el palacio de justicia y entonces no se daría por clausurada la valiosa experiencia del Centro Cívico, cuya vocación de reunir a los tres poderes del estado, con la posible edificación de la legislatura en su extremo oeste, permanecería vigente.

Sin estudiarlo mucho todavía, vienen rápido a la mente dos posibilidades. La primera, dedicar al poder judicial el edificio que creo (no estoy seguro) pertenecía a EMSE y que parece abandonado en la esquina de Rondeau y av. San Martín.

Edificio ¿desocupado? de av. San Martín y Rondeau (click sobre la imagen para ampliar).

La segunda -y aquí estamos frente a una oportunidad desaprovechada- el antiguo concesionario y galpones de la empresa Martí en avenida San Martín al 600, que fueran subastados hace unos años, podrían haber sido adquiridos por el poder judicial.

Antiguas instalaciones de Martí, con salida por av. San Martín y por 9 de julio. Click sobre la imagen para ampliarla.

De esa forma, si se levantaba en ese lote un nuevo edificio de tribunales, podría haberse conformado un triángulo entre ese hipotético edificio (1), el palacio de justicia (2) y el edificio que ocupan los tribunales en San Martín al 300 (3), consolidando así una zona judicial, que incluiría además al edificio de los tribunales federales (4).

Hipotético triángulo de edificios judiciales en la zona de tribunales de Mendoza. En celeste los límites del Centro Cívico. Click sobre la imagen para ampliarla.

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Para seguir el proyecto de Ciudad Judicial de Mendoza y ver otros antecedentes nacionales y extranjeros en el foro skyscrapercity.com, ir aquí.

ACTUALIZACIÓN (agosto de 2011): se dijo que el proyecto habría reducido su escala, y se apunta a construir un solo edificio para el fuero penal, aprovechando la adyacencia a la penitenciaría: Diario Uno, 20-08-2011, “El proyecto de la ciudad judicial terminará siendo sólo un edificio” (click en el nombre de la nota).

ACTUALIZACIÓN (2012): la mención a esta obra volvió a aparecer en el discurso de apertura del año judicial 2012.

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